ASPECTOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA DEL AGUA EN MÉXICO,
EN EL MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Gustavo Ortiz Rendón,
con la colaboración de Flor Cruz y Juan Carlos Valencia

Índice

ASPECTOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA DEL AGUA EN MÉXICO,
EN EL MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE*

Introducción.

En los últimos años, el problema de la sobreexplotación de los recursos naturales y la necesidad inaplazable de proteger el medio ambiente ante el incremento de los niveles de contaminación, han adquirido relevancia internacional, inducidos por la creciente evidencia de su carácter irreversible.

En relación con el agua existe una disponibilidad natural de 1,500 millones de km³ a nivel mundial, esta cifra pareciera garantizar el abasto del recurso con suficiencia, sin embargo, cuando se observa que el volumen total renovable sólo alcanza una tercera parte de esa cantidad y que los escurrimientos naturales, tanto superficiales como subterráneos, llegan a una mínima cifra de 40,000 km³ al año, es claro que la disponibilidad real del líquido presenta evidentes características de escasez natural, acentuada por una distribución regional desigual.

El problema de la disponibilidad efectiva del agua es aun mayor por los desequilibrios hidráulicos que ocasiona el constante crecimiento de la demanda, la ineficiencia de su uso y el aumento de los niveles de contaminación ocasionados por prácticas inadecuadas en esquemas de producción y consumo.

Descripción de las características generales del país.

l territorio mexicano cuenta con una superficie cercana a los 2 millones de km². Según datos del último conteo de población, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (1997), el país tiene una población cercana a los 95 millones de habitantes, el 71% se ubica en poblaciones urbanas y el resto en comunidades rurales que cuentan con una concentración de población menor a 2,500 habitantes.

Más del 65% de la superficie de nuestro país es árida o semiárida, y en dicha porción del territorio se presenta apenas el 20% de los escurrimientos, mientras que ahí se asientan las tres cuartas partes de la población del país.

Por otro lado, hay regiones en las que cíclicamente ocurren precipitaciones extremas que ocasionan daños, y otras en las que se presentan sequías extremas igualmente dañinas.

México tiene una precipitación media anual de 780 mm (mapa 1), su escurrimiento medio anual es de 417 km³ (el 1% del escurrimiento mundial); y la disponibilidad media anual por habitante es de 5,125 m³ ,aproximadamente el doble del promedio de disponibilidad per-cápita a nivel mundial; sin embargo, insuficiente para considerarse un país con disponibilidad natural de agua extraordinaria.

Mapa 1

Precipitación pluvial media anual en el país

Además, dicha disponibilidad se distribuye espacial y temporalmente en forma irregular, con relación a la localización de los principales asentamientos de los grandes centros urbanos e industriales; por ejemplo, en conjunto, las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey utilizan más del 50% del agua disponible para uso urbano e industrial. Por otra parte, las demandas se incrementan en general al ritmo de crecimiento de la población y de las actividades productivas, mientras que la oferta del recurso se mantiene relativamente estable, ejerciéndose fuertes presiones tanto a la capacidad natural como a la infraestructura existente y a la disponibilidad de los recursos financieros para mantenerla y aumentarla. Adicionalmente, aunque hay avances, se siguen presentando patrones ineficientes en las prácticas de uso, aprovechamiento y descarga de agua, lo que ha ocasionado perjuicios que en algunos casos no tienen fácil solución, tales como intrusión salina y hundimiento de terrenos por sobreexplotación de acuíferos; pérdida de la cantidad y calidad de cuerpos de agua superficiales y contaminación excesiva en las principales cuencas del país, lo que afecta negativamente el equilibrio ecológico de diversas regiones.

La protección de la calidad y de los niveles de oferta natural e instalada de este recurso, requieren de la aplicación de enfoques y soluciones integrales, que apoyen el desarrollo sustentable, a través de un manejo y una administración también eficiente y sostenible de los recursos hidráulicos.

Balance regional de México

e acuerdo al Programa Hidráulico 1995-2000 los balances regionales del agua revelan situaciones con diferente problemática en las 13 macro-regiones con las que se sintetiza la planeación hidráulica nacional. (Mapa 2)

Mapa 2

En las regiones del Valle de México, Lerma, cuencas cerradas del Norte y Baja California, se extrae actualmente más agua de la que su disponibilidad permite, destacándose la región del Valle de México, que extrae 71% más agua de la que dispone. En esas regiones se genera más del 65% del producto industrial nacional y se localiza aproximadamente el 50% de la población total del país.

Si se mantiene la misma capacidad de almacenamiento y regulación para atender únicamente el incremento esperado de la demanda, especialmente de los usos agrícolas, industrial y municipal; regiones como las del Balsas y Noroeste, que ahora están en equilibrio, podrían sumarse en sólo diez años a las regiones deficitarias mencionadas anteriormente. Asimismo las regiones del Bravo, Pacífico Centro, Costa Centro, que ahora mantienen un relativo superávit, se convertirán, en ese mismo lapso, en zonas en las que se tendrá un coeficiente de extracción/disponibilidad que estará en el margen de equilibrio. En uno y otro caso, como sucede ahora en las regiones deficitarias, el desarrollo económico y el nivel de bienestar social empezará a tropezarse con problemas serios y costosos de disponibilidad de agua, si no se plantea y organiza su aprovechamiento regional futuro.

Por otra parte, en las regiones de Golfo Norte, Papaloapan, Pacífico Sur, Itsmo, Grijalva-Usumacinta y Península de Yucatán en las que sólo se localiza aproximadamente el 15% de la población, el 10% de la producción agrícola, el 25% del producto industrial y el 19% del PIB, paradójicamente no se observan por ahora problemas graves de disponibilidad. La problemática que enfrentan periódicamente es la de inundaciones y de contaminación puntual.

Problemas que se enfrentan para satisfacer

las demandas crecientes.

l abastecimiento del agua al ritmo de la demanda creciente, en las regiones donde se localiza el mayor volumen de extracción y de mayor dinámica por la actividad económica y crecimiento poblacional, cada vez es más complejo y costoso. Los costos promedio de extracción, suministro, potabilización y tratamiento se incrementan obviamente en los sitios de escasez relativa y donde existe contaminación. Se estima que la inversión requerida para agregar un m³ de suministro anual durante el período de 1976-1996 fue, en promedio 2.5 veces mayor que la que se necesitó en el período de 1950-1975 (a precios constantes de 1996).

Por otra parte, la recaudación federal por derechos, recuperaciones de capital y otras cuotas y tarifas que aplica el gobierno federal, por administración del agua y construcción y operación de obras a su cargo, representó en 1994, apenas el 20% de la inversión global del sector hidráulico. Los subsidios en el país son todavía muy altos, tanto a la inversión como a la operación y mantenimiento, incluso al gasto corriente de los sistemas hidráulicos federales o municipales. Los esquemas de subsidios como se han planteado son regresivos porque producen un efecto contrario al beneficiar a los que más tienen.

Uso del agua municipal

l uso del agua municipal, representa en volumen el 5% de la extracción total del agua en México. Sin embargo, dado el crecimiento demográfico de los centros urbanos, el suministro de agua potable para las grandes ciudades ha llegado a agotar las fuentes locales de abastecimiento, presentándose la necesidad de importar volúmenes de agua de cuencas lejanas, con enormes erogaciones de gasto público.

Más de la mitad del agua potable producida, se consume en menos de cien ciudades grandes y medias, el resto en las otras 156,502 localidades del país.

Existe una gran disparidad en la distribución de las obras y servicios en las poblaciones urbanas y en las comunidades rurales (gráfica 1). En las ciudades de más de 50,000 habitantes, por lo general, las coberturas del servicio de agua potable son cercanas al 100% y las de alcantarillado de 94%, en promedio; por el contrario, en las comunidades rurales, sólo 60% y 25% de los habitantes tienen acceso a servicios de agua potable y alcantarillado, respectivamente.

Gráfica 1.

Fuente: Programa Hidráulico 1995-2000

En México las tarifas actualmente cubren el 70% de sus costos directos, y son también, en promedio, el equivalente a 0.30 de dólar USA por m³; aunque en zonas de las periferias urbanas, cuya población no tiene por lo general acceso al suministro directo, la gente pobre llega a pagar, en suministros pequeños el equivalente a 2.1 dólares por m³ , cuando se abastecen de distribuidores de agua, que utilizan camiones cisterna y que lucran con el líquido. Aún más difícil es la situación de las 154,016 comunidades rurales, menores de 2,500 habitantes (comunidades alejadas de las ciudades y de gran atraso y pobreza) cuyo abastecimiento es mucho más costoso e imposible de ser cubierto mediante el pago de tarifas, ya que los ingresos de la población en general no son suficientes. En el Distrito Federal la tarifa que se cobra actualmente es de 0.175 dólares por m³, mientras que los costos de abastecimiento son de 0.50 dólares por m³ ; lo anterior nos indica que esta tarifa sólo alcanza a cubrir un 35% de dichos costos.

Esta situación se agrava por los niveles de ineficiencia física de las redes de distribución de agua. A nivel nacional, aproximadamente se pierde por fugas el 40% del agua suministrada.

Otros problemas a los que se enfrenta este subsector consumidor, son los de medición, facturación y cobranza. Asimismo, aunque hay avances en materia legal, ya que en muchos estados de la República las organizaciones que administran estos sistemas tienen autonomía en la determinación de sus tarifas, se presentan también problemas de tipo fundamentalmente político que deben resolverse para lograr más avances y poder consolidar los ya existentes.

Uso del agua en el sector industrial

l uso del agua en la industria en México, representa aproximadamente el 4% de la extracción del agua en el país; de 5 km³ que extrae este sector anualmente, se consumen 2.5 km³. El 90% aproximadamente es abastecido por fuentes propias y el resto se abastece de tomas especiales para uso industrial, que proveen las redes municipales.

Del total del consumo industrial, el 50% se utiliza para enfriamiento, el 35% en procesos; el 5% en calderas y en servicios el 10%. Casi el 80% del consumo de agua de este sector lo realizan solo seis ramas industriales, a saber: azucarera, química, petróleo, celulosa y papel, textil y bebidas (cuadro 1). Se estima que el agua de primer uso que realiza el sector industrial podría reducirse de un 40% a 80% si se extendieran (por ejemplo, en enfriamientos) las prácticas de reuso y se instalaran implementos ahorradores, (cuando económicamente sea conveniente para la industria aceptar el cambio).

Cuadro 1

Consumo de agua de los principales giros industriales

Fuente : SEDUE / Comisión Nacional de Ecología Indicadores ambientales INEGI

Dado que los mayores consumos de agua del sector industrial en México provienen de volúmenes extraídos por las propias empresas, ya sea de fuentes superficiales o subterráneas nacionales, su aprovechamiento está sujeto al régimen de concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua (CNA) y están sujetos al pago de derechos fiscales federales, por uso o aprovechamiento de aguas y descarga en cuerpos receptores de propiedad nacional. Si bien aún no es cobrado el 100% del potencial recaudatorio que tienen estos derechos aplicables a la industria; por deficiencias en la fiscalización, medición y cobranza, este sector contribuye aproximadamente con el 90% del total de recaudación por derechos por uso y descarga, por lo que se puede deducir que existe un subsidio cruzado de la industria a los otros usos gravados por la ley (por ejemplo el uso urbano) y especialmente el agrícola, exento del pago de derechos.

Uso del agua en el sector agrícola

el total de la superficie cultivada en México, el 70% es de temporal y el 30% de riego. Podría asegurarse que esta composición es positiva para el país, si se compara con 84% y 16% de temporal y riego respectivamente, del promedio mundial. En términos absolutos México ocupa el octavo lugar mundial en superficie irrigada (gráfica 2). Sin embargo, el 57% de la infraestructura está en mal estado, tanto por falta de mantenimiento, como por proyectos que no fueron diseñados adecuadamente o están inconclusos. No obstante, la producción agrícola que se genera en parcelas dotadas con infraestructura de riego, es aproximadamente 55% de la producción total nacional y el resto se produce en superficies de temporal. De cualquier manera las expectativas de crecimiento de la infraestructura física de riego agrícola están muy limitadas, ya que las mejores tierras para el cultivo están aprovechadas. Los costos para construir nuevas obras de infraestructura hidroagrícola han llegado a un nivel difícil de justificar económicamente: incorporar más áreas al riego, aún cuando socialmente este crecimiento es justificable.

Gráfica 2

Fuente: CNA, Valuación económica del agua, 1995 y ajuste del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

En un reciente estudio realizado por la CNA, en el que se identifican nuevos proyectos hidroagrícolas en fase de gran visión, los costos promedio por hectárea están entre 15% y 33% arriba de los beneficios increméntales al producto interno agrícola, que se esperarían obtener por invertir en la vida útil de estos desarrollos. Aún cuando estos datos son relativos, dado que dependen del tipo de cultivo, el rendimiento por hectárea, la tecnología utilizada y el valor del producto final en el mercado, es importante considerar que los cinco cultivos predominantes en las áreas de riego en México son: maíz, trigo, frijol, caña y sorgo, ya que ocupan casi el 50% de la superficie sembrada bajo riego, no son precisamente los de más alto valor en el mercado local. Por ejemplo, el maíz que se siembra aproximadamente en el 20% de la superficie total con infraestructura, sufre adicionalmente de una política de precios muy castigada, ya que constituye un grano básico en la dieta alimenticia mexicana.

En la agricultura se utiliza el 79% del consumo total del agua en el país y se pierde entre 30% y 50% del agua por bajas eficiencias de conducción hacia las parcelas, a tal grado que las pérdidas en conducción son mucho mayores al volumen sumado de agua potable e industrial consumido en todo el país durante un año. Igualmente las pérdidas anuales sólo por sobreconsumo en los cultivos son del orden del 10% del agua distribuida a pie de parcela, lo que representa 1.2 veces mayor que el consumo nacional para uso industrial utilizado en el año de 1995.

Si se tecnificara el riego por gravedad, optimizaran los métodos de riego (por ejemplo riego por aspersión y goteo), se lograra mejorar los métodos de conducción (por ejemplo revestimiento de canales) y se implantaran técnicas adecuadas para extender, sin riesgos para la salud humana, el uso del agua residual tratada, podrían obtenerse ahorros importantes (mayores al 50%). Además del impacto que tendrá en ahorro de agua, la agricultura de riego sería muy beneficiada si se avanza en políticas de apoyo al desarrollo tecnológico, capacitación a productores desde la fase de preparación de terrenos y siembra, hasta la comercialización de los productos; apoyo inclusive con subsidios explícitos al cultivo de productos básicos, como se hace por ejemplo en EUA y Canadá, y la promoción del cambio de patrones de consumo a productos económicamente más redituables, hasta cierto punto, ya que el desarrollo sustentable nunca podrá estar reñido con la cultura alimenticia de un pueblo.

Por otra parte, los usuarios de distritos de riego en México cubren, en promedio, sólo el 66% de los costos de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y nada de los costos de inversión; además están exentos de pago de derechos por el uso del agua y por descarga. Los problemas para ajustar las políticas de precio del agua para riego, si bien obedecen a una legislación que impide el establecimiento de incentivos de precio y a fuertes presiones políticas, también son producto de problemas estructurales de mercados castigados e imperfectos, patrones regresivos de distribución del ingreso y crisis recurrentes que obligan a los sectores productivos a mantener políticas de "freno y arranque".

Uso del agua en la generación de energía eléctrica

e acuerdo al Programa Hidráulico, para el año 2000 se esperan generar 179,804 Gw/h/año, para lo cual se requerirá de una extracción de aproximadamente 145 km³ , la mayoría de ese volumen no es consuntivo. La sub-rama que requiere de un volumen de consumo importante es la termoeléctrica (2.9 km³ anuales) (gráfica 3), debido a la evaporación que se genera en el enfriamiento.

En el caso del agua utilizada en la hidroeléctrica, los problemas de abastecimiento más frecuentes se presentan sólo cuando otros usos como el riego, requieren agua en los momentos en que las demandas de energía son mayores (horas-pico), o cuando por efectos de escasez, temporal o sequía disminuyen los niveles de las presas.

Gráfica 3

Fuente: Programa Hidráulico 1995-2000

Uso en acuacultura y pesca

n México existe una superficie de cuerpos de aguas nacionales de 3.8 millones de ha., de las cuales, 2.9 corresponden a agua salada en litorales y 0.9 a agua dulce. Actualmente se practican actividades de acuacultura en 754,000 ha. que generaron en 1994 una producción de 170 mil toneladas de especies que favorecieron a 200 mil familias. Como se observa, el uso del agua en la acuacultura tiene un potencial importante en cuanto a la generación de alternativas alimenticias para la población (especialmente rural); sin embargo, dicho potencial se ha visto reducido por la contaminación creciente que producen la industria y las actividades urbanas.

Uso para recreación y turismo

éxico cuenta para este uso con 137 lagunas costeras que abarcan 1,250,000 ha. y con lagos, lagunas y embalses de agua dulce del orden de 2,900,000 ha., además de numerosos ríos, arroyos y cascadas que constituyen un activo muy importante para el fomento de este uso.

A pesar de los esfuerzos realizados para preservar esta actividad, que comprende el baño recreativo, la natación, el buceo, la pesca, la navegación y demás actividades recreativas y deportivas, no se ha logrado elevar el potencial de este uso en la actividad económica, debido a la desintegración de los diferentes programas de gobierno, a los grandes costos de financiamiento que requieren estos desarrollos, a los problemas de contaminación asociada al crecimiento económico, y a la concentración poblacional e industrial.

Uso para la navegación

alvo en la época precolombina y algunos antecedentes posteriores a la conquista, el uso del agua en la navegación ha sido poco relevante en el país. Sin embargo, la navegación en aguas interiores constituye siempre un aspecto interesante como alternativa por su posible contribución al transporte, al comercio y a la recreación. Dadas las características de los ríos mexicanos, sólo algunos tramos de ellos son susceptibles para su utilización en la navegación, principalmente de pequeñas embarcaciones y de poco calado. En el impulso de esta actividad debe ser cuidada la calidad del agua de los ríos y estuarios debido a las descargas de residuos, como grasas, aceites y basura, o por obstrucciones ocasionadas por accidentes en la navegación y embarcaderos. Es importante que al impulsar esta actividad (de la que se espera en los próximos años un crecimiento incipiente) se consideren las posibles afectaciones que pudiera tener en otros usos y en zonas ecológicas.

Uso por el medio natural

l agua tiene un uso muy importante y tradicionalmente muy poco considerado que es el que se refiere a la demanda natural que requieren los ecosistemas para su sostén. También este uso necesita contar con la cantidad y calidad adecuada del líquido. La afectación que se haga de este equilibrio incide directamente en la oferta natural del agua, porque puede alterar el ciclo hidrológico y los ecosistemas al romperse el balance físico-químico entre la fase líquida del agua en la superficie, la gaseosa en el aire y la evapotranspiración vegetal. El hombre, argumentando la necesidad de crecimiento económico, se empeña en ocasiones en realizar obras artificiales, que no consideran adecuadamente el impacto ambiental que producen y, comúnmente, se alteran los volúmenes de los caudales naturales en las corrientes o depósitos; o bien, se vierten indiscriminadamente contaminantes en los cuerpos de agua.

El desarrollo sustentable debe comenzar por reconocer este uso natural y cuantificar las demandas de agua que requiere la preservación de los bienes inherentes al equilibrio ecológico, como el suelo, las áreas forestales, la selva y la biodiversidad.

En México, es necesario trabajar más en este aspecto y establecer normas que aseguren los volúmenes mínimos para conservar los cuerpos de agua existentes.

Descarga de aguas residuales y contaminantes

partir de la promulgación en 1988 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del cobro de derechos por descargas por la aplicación de la Ley Federal de Derechos (LFD) de 1991 y reformas de 1996 y 1997, se han iniciado importantes proyectos para dar tratamiento a las aguas residuales y reducir los niveles de contaminación de los cuerpos receptores de descargas de agua en el país. Sin embargo, aún cuando se reconoce un importante avance, la evaluación de los resultados alcanzados muestra que es necesario un mayor esfuerzo en la planeación y ejecución de estos programas.

El caudal de aguas residuales descargado por sistemas municipales de alcantarillado se estima en 174 m³/seg, de los cuales sólo 10% reciben tratamiento adecuado. No obstante, con los programas de rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, que se encuentran en proceso, se pretende alcanzar para el año 2000 un porcentaje de tratamiento efectivo del 47% de la descarga nacional.

Por otra parte, se estima que un 92% de la descarga de agua residual de tipo industrial (aproximadamente 80 m³/seg) corresponde a las industrias consumidoras de agua más representativas del país.

En el cuadro 2 se observa la participación relativa de cada una de estas industrias en el consumo y descarga de agua y de contaminantes.

Cuadro 2

Participación (%) de descargas

contaminantes por ramas industriales

DBO = Demanda bioquímica de oxígeno (materia orgánica)

DQO = Demanda química de oxígeno

SST = Sólidos suspendidos totales

Fuente: Estimación de la extracción, consumo, descargo y carga de contaminantes en nueve ramas industriales consumidoras, por estado y región hidrográfica, Gustavo Ortiz, Juan C. Valencia, Eduardo Donath, Congreso Nacional de Hidráulica, Acapulco, México 1996.

La problemática económica del recurso agua

a explotación, el manejo y la administración integral efectivas de los recursos hidráulicos, se han convertido en una necesidad prioritaria para todos aquellos sectores socio-económicos, que dependen críticamente del agua, para continuar su ritmo y nivel de desarrollo. En general, una asignación y uso racional de los recursos, evita conflictos distributivos, productivos y socio-políticos, y fortalece el desarrollo económico y social de los países.

Una administración eficiente y equitativa de la oferta y demanda del recurso, permite a los sectores usuarios desarrollar sus actividades productivas eficazmente y obtener ahorros a mediano y largo plazo. Asimismo, la eficiencia estimula el uso y desarrollo de tecnología que aumenta la productividad, reduce los costos de producción y confiere altos niveles de competitividad industrial al país.

Por estas razones, entre otras, las actividades socioeconómicas, incluyendo la urbanización, la producción industrial, los servicios y la agricultura, han llegado actualmente a una etapa en que los problemas relacionados con el agua se han convertido en un factor limitante para su desarrollo y evolución sustentable. También, por esas razones, es importante reconocer la importancia que para la economía de un país tiene el uso eficiente del agua y la protección del medio ambiente, y hacer esfuerzos para que su uso o aprovechamiento tienda a considerar criterios de eficiencia, racionalidad económica y sustentabilidad.

Los problemas económicos inherentes a la explotación, uso y descarga del recurso, están íntimamente relacionados con los mecanismos de oferta y demanda que interactúan en el ámbito social y económico, y definen determinadas estructuras de mercado.

Resulta importante destacar el hecho de que el agua, anteriormente considerada por muchos como un bien público "libre" y de muy bajo o nulo costo, si bien propiedad de la Nación, se ha ido transformando con el tiempo, en un bien económico y, ante todo, social. Lo anterior, deja de manifiesto que dicho recurso ha alcanzado, hoy en día, un alarmante nivel de escasez relativa, que amenaza con limitar fuertemente su distribución entre los diferentes usos alternativos.

Sin embargo, la fijación de un precio al agua no es un problema de fácil solución, (existen muy diversas metodologías para calcularlo y, sin embargo, muy poca información relevante y condiciones en nuestros países para lograrlo), es importante destacar que su solución forma parte estratégica en el diseño y uso de los instrumentos de política económica del sector hidráulico (figura 1).

Figura 1

Fuente: Ricardo Sandoval Minero

De igual importancia resulta considerar aquellos aspectos tecnológicos que permiten hacer eficiente la prestación de los servicios relativos al agua.

Es a partir de mecanismos específicos y del conocimiento profundo del sector, que la tecnología y la economía deben lograr la transformación del sector hidráulico, induciendo productividad y eficiencia en la producción, equidad en el consumo, y calidad en la renovación y preservación del recurso.

Política del agua

l identificar la problemática del sector, el gobierno mexicano asumió el compromiso de "enfrentar con firmeza y sentido de futuro el reto del agua".

En apoyo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, referentes al fortalecimiento de la soberanía nacional, al desarrollo social integral, y al crecimiento económico sustentable, se establecieron los siguientes objetivos generales de la política hidráulica que dan marco a la formulación y desarrollo de los programas y acciones del sector hidráulico en el mediano plazo:

Contribuir a reducir los rezagos y limitaciones de la disponibilidad de agua, que afectan a grupos sociales desprotegidos.

Avanzar en el saneamiento integral de cuencas, comenzando por aquellas cuya contaminación produce mayores efectos negativos para la salud, la economía y el ambiente.

Otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso de las aguas nacionales y bienes inherentes.

Contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo sustentable, mediante la racionalización de los precios del agua, con criterios económicos y ambientales.

Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación y utilización del agua.

Administrar el recurso de manera más eficiente a través de la descentralización progresiva y constante de programas y funciones a los usuarios y autoridades locales, dentro del marco del nuevo federalismo.

Inducir patrones de utilización del agua más eficientes en riego, uso doméstico y uso industrial, a fin de preservar la disponibilidad y la calidad futuras del recurso.

En este contexto se identifican las siguientes estrategias:

Descentralizar y desincorporar progresiva y consistentemente la operación de los sistemas de conducción y distribución de agua para todos los usos.

Diseñar y poner en marcha un proceso de transición hacia el crecimiento sostenible en el uso del agua, mediante la racionalización económica de los precios y el uso de modalidades de financiamiento apropiadas para la inversión en infraestructura y para el conocimiento y control del uso del agua.

Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación del uso del agua.

Las líneas de acción que se derivan de estas estrategias son:

Priorizar la aplicación de los recursos de inversión dirigiéndolos primero a mejorar la operación, después a terminar obras inconclusas y posteriormente a la ejecución de obras nuevas.

Propiciar el desarrollo de empresas del agua bajo esquemas integrales con normas que fijen niveles adecuados de eficiencia física y administrativa, que aseguren tarifas justas y calidad en los servicios, que obliguen al cumplimiento de las leyes ambientales y mantengan el concepto de que el agua es propiedad de la nación y debe ser accesible a todos los mexicanos.

Promover el acceso de los organismos operadores de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, incluso de riego y usos múltiples, a mercados financieros favorables.

Promover la participación de la iniciativa privada, bajo esquemas de riesgo compartido con el Estado, en el suministro de los servicios integrales de agua, de manera que mejoren su eficiencia en cobertura y calidad, y abatan costos.

Fortalecer y transparentar los esquemas de subsidios para las comunidades rurales y marginadas.

La política del agua en México y su congruencia con la Agenda 21 de la ONU

partir de la década de los setentas, la comunidad internacional señaló con preocupación las tendencias hacia el agotamiento y continua degradación de los recursos hidráulicos, recomendando, entre otros aspectos, adoptar enfoques integrales para su administración y manejo, así como la aplicación de mecanismos económicos para incidir en su aprovechamiento racional. Sin embargo, la crisis financiera de los ochenta impuso severas restricciones en la instrumentación de esas recomendaciones.

En la presente década, la Conferencia de Río de Janeiro sobre Desarrollo y Medio Ambiente recogió las mismas preocupaciones de hace casi veinte años, sólo que ahora los problemas se han agravado y las soluciones deben darse en un marco distinto. En efecto, los problemas del desarrollo hidráulico se ligan hoy, simultáneamente, a otros tres: eficiencia económica, desarrollo social y sustentabilidad ambiental.

Eficiencia económica, desarrollo social y sustentabilidad ambiental, constituyen de este modo los vértices de un triángulo de interacciones y objetivos complementarios, no excluyentes, que se resumen en una nueva forma de desarrollo. Surge así el concepto de desarrollo sustentable, definido como el manejo de los recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo no degrada el medio ambiente, es económicamente viable, técnicamente factible y socialmente aceptable.

En todos los ámbitos relativos al aprovechamiento de los recursos naturales, este nuevo modelo de desarrollo es hoy motor de grandes transformaciones. Muchas naciones -entre ellas México- han emprendido cambios de fondo en sus leyes e instituciones, en sus esquemas para la administración de los recursos y en los instrumentos económicos y regulatorios para alcanzar estos objetivos.

Marco Legal e Institucional en el sector

Evolución histórica

a tradición hidráulica de México se remonta al período prehispánico. Es digno de mención el complejo hidráulico de la gran Tenochtitlán consistente en acueductos, obras para el control de avenidas, la navegación, la agricultura y la pesca. En el virreinato se destacan indicios de grandes y monumentales obras de distribución, almacenamiento y de drenaje que sostuvieron en su tiempo ciudades, emporios agrícolas y mineros y puertos marítimos. Actualmente obras realizadas en los siglos XVIII y XIX se encuentran en operación. Durante los años de la colonia las aguas eran consideradas de propiedad de la corona hispánica y se permitía su utilización a los particulares a través de mercedes reales. La Ley General de Vías Generales de Comunicación de 1888 inició la tradición legislativa de aguas en el México post independiente. A ella le siguió la Ley sobre Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal en 1910 que ya clasificaba las fuentes de abastecimiento, regulaba los usos del agua y formalizaba el régimen de concesiones.

En 1926 se promulga la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales, que dio origen a la Comisión Nacional de Irrigación, que inicia la construcción de monumentales obras hidráulicas. En 1934 y 1936 se expide la Ley de Aguas de Propiedad Nacional y el reglamento de la misma respectivamente, y en 1956 y 1958 la Ley y el reglamento del Aprovechamiento de Aguas del Subsuelo, que hasta entonces empezó a regular la extracción y utilización de esta fuente. En 1946, la Comisión Nacional de Irrigación se convierte en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Ente 1940 y 1950 surgen varios planes y comisiones a nivel regional y sectorial con el objeto de establecer metas y estrategias para ordenar el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. En 1972 se expide la Ley Federal de Aguas, y en 1975 se edita el primer Plan Nacional, que hasta la fecha sigue siendo un modelo de planeación sectorial. Otro momento legislativo relevante resulta en 1982 cuando se incluyen en la Ley Federal de Derechos las cuotas por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo. Esta ley ha tenido dos reformas fundamentales: la introducción en 1986, de cuotas en función de la disponibilidad regional del agua y la consideración del cobro por descarga de aguas residuales contaminadas en 1991.

En lo relativo al aspecto institucional, en 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua (CNA), como autoridad única en la materia, órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que a partir de diciembre de 1994 se integra a la nueva Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap). Finalmente, en 1992 se promulga la Ley de Aguas Nacionales que sostiene como objetivos fundamentales la administración integral del agua; la mayor participación usuaria y privada en el financiamiento, construcción y operación; la seguridad jurídica sobre los aprovechamientos, y el desarrollo integral sustentable del agua, sus bienes y sus servicios.

Programa de Modernización del Manejo del Agua (Promma)

partir de 1996, se inicia en México un enérgico y ambicioso proceso de modernización del manejo del agua. Este programa plantea una estrategia integral de modernización del manejo y administración del agua respecto a tres objetivos fundamentales: a) la asignación equitativa y eficiente del recurso, b) el uso sostenible y eficiente del agua, y c) acciones para la reducción de accidentes y pérdidas relacionadas con los fenómenos meteorológicos y climatológicos por la operación ineficiente de la infraestructura hidráulica. Para ello el Promma deberá promover el desarrollo de la infraestructura para obtener información básica y desarrollar capacidad técnica y humana que mejoren los procesos de toma de decisiones para la operación y manejo del agua.

Con este programa se pretende rediseñar y adecuar una buena parte de las redes de monitoreo, corregir deficiencias en los bancos de datos existentes y modernizar su manejo con mejores equipos de cómputo y la utilización y desarrollo de softwares especializados. También se pretende modernizar la plataforma de telecomunicaciones que permita interconectar la comunicación entre los niveles de gestión central, regional y estatal en tiempo real, y eventualmente facilitar la intercomunicación con otros bancos de datos e información que manejan otras dependencias. El programa además impulsa la planeación descentralizada y desconcentrada de actividades y acciones del sector con entidades y organizaciones financieramente autosuficientes, para que se realice una mejor programación de la inversión pública en infraestructura y servicios. Se plantea impulsar la mayor participación de la sociedad, especialmente de los gobiernos estatales y de los usuarios en la gestión y administración del manejo del agua a través de consejos de cuenca y gerencias regionales con poder de decisión.

Otros aspectos que se quieren impulsar con este programa, son: la promoción de una mayor cultura del agua en México, un programa intenso de regularización de aprovechamientos mediante su titulación e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, promover e impulsar un mercado de derechos y servicios de agua y el pago oportuno y correcto de derechos y contribuciones. Además, se considera mejorar la instrumentación para la operación y seguridad de presas y embalses, y el desarrollo de planes y programas para el manejo y preservación de acuíferos.

Algunas experiencias de utilización de instrumentos económicos y regulatorios, como medios incentivos para ordenación de consumos.

Evolución de la Ley Federal de Derechos en materia de agua

asta 1975, a pesar de que la legislación en vigor establecía ya los cobros por servicios de agua, prestados a través de las distintas obras de infraestructura (agua potable y riego básicamente) y por la recuperación de inversiones; el único gravamen por el uso-aprovechamiento de agua aplicable a concesionarios era el establecido en la fracción VIII del artículo 4º de la Ley General del Timbre, el cual se suprimió en 1976 dada su escasa importancia recaudatoria.

En abril de 1978 se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un estudio que pretendía "establecer un nuevo régimen fiscal que haga del agua una fuente de recaudación proporcional al valor que incorpora a la producción del país, siempre dentro del marco jurídico, atentas las razones de justicia, que permitan al Gobierno Federal incrementar sus recursos para hacer frente a las crecientes inversiones que exige la óptima explotación, uso o aprovechamiento del agua", considerando básicamente los siguientes factores:

La distribución irregular de los recursos hidráulicos y la competencia del agua en regiones de mayor desarrollo.

La contaminación generada.

La magnitud creciente de las inversiones en obra hidráulica y las necesidades de mayores recursos que en forma importante deben aportar quienes se beneficien con las obras existentes.

Considerando básicamente estos factores se elaboró una propuesta que solo hasta el año de 1982 prosperó en el Capítulo VIII de la Ley Federal de Derechos, cuya evolución, hasta 1997, se resume en el anexo 1.

Hay que señalar que los niveles de recaudación han llegado a ser tan exitosos que para el año de 1993 casi se igualaron al presupuesto de la CNA. En términos reales a precios de 1996, la recaudación se ha mantenido en general a niveles aceptables, de tal manera que para 1997 se espera recaudar, más de la mitad del presupuesto de la CNA y la tercera parte del presupuesto del ministerio cabeza de sector, la Semarnap (Gráfica 4) .

Gráfica4

En estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se ha podido comprobar que la aplicación de estos gravámenes han tenido repercusiones positivas de cierta importancia como medios de control en el uso y contaminación del agua, y se ha favorecido de alguna manera el cambio tecnológico al incentivar el uso de equipos y sistemas de uso eficiente y la construcción de plantas de tratamiento. Este último efecto se ha visto un tanto disminuido, por los cambios que ha tenido la normatividad que rige los gravámenes de descarga y la crisis económico-financiera que experimenta el país de fines de 1994 a la fecha.

Efectos del precio en el uso eficiente del agua

n los cuadros 3 y 4 se observan algunos resultados respecto al efecto del cambio de precio en el uso eficiente del agua.

Cuadro 3

Política de precios del agua potable para los asalariados bajo diferentes escenarios

Nota: P es la variación porcentual del precio

D_A es la variación porcentual de la demanda de agua potable

S_A es la variación porcentual de la oferta de agua potable

C* es la variación porcentual del costo total del sector productor de agua potable con un año de rezago

Fuente: Elaboración de José Luis Montesillo, IMTA, 1996.

Cuadro 4

Decremento porcentual del consumo de agua con incremento en la tarifa en el sector industrial

Fuente: Impacto de la regulación y precio del agua en la selección, sustitución y modificaciones de los bienes productivos del sector industrial, CNA-IMTA, 1992.

La Participación de la Iniciativa Privada (PIP) como Estrategia

a Ley de Aguas Nacionales considera la posibilidad de que la iniciativa privada participe en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos.

Esta disposición contiene un cambio fundamental en relación con la anterior legislación en materia de agua, pues además de precisar la responsabilidad gubernamental en la materia, se complementa el esfuerzo del sector público con la participación e inversión de los particulares para el financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica federal.

Para ello se parte de tres premisas:

La participación e inversión privada en materia hidráulica es un medio y no un fin en sí mismo;

La infraestructura hidráulica federal no se privatiza, pues la ley no modifica el carácter de bienes del dominio público que tienen conforme al artículo 113. La nueva ley no prevé mecanismos para el cambio de titularidad, sino sólo mecanismos de participación e inversión privada para mayor eficiencia y capitalización de los bienes nacionales.

Las tres nuevas figuras que se crean en materia de infraestructura hidráulica federal, además de los tradicionales contratos administrativos de obra, suministro y servicios regulados por otras leyes, son los contratos "llave en mano" y dos tipos de concesiones: la prestación de los servicios aprovechando la infraestructura hidráulica construida, y la construcción y operación de infraestructura hidráulica nueva.

 

Así, es fácil observar que desde la pasada administración en las políticas del sector ha influido la tendencia dominante hacia la mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios públicos, así como la búsqueda de la eficiencia económica mediante el impulso hacia una economía regida por el comportamiento del mercado.

En 1994 el financiamiento del sector privado llegó a los 370 millones de dólares:

209 millones de dólares al proyecto Huites en Sinaloa y Sonora

50 millones de dólares al abastecimiento de agua en ciudades (Guadalajara, Cancún, Los Cabos y Aguascalientes)

111 millones de dólares a la construcción de plantas de tratamiento en todo el país.

 

El nuevo esquema de participación privada, así como sus condiciones, disposiciones especiales, y antecedentes y experiencias recientes, se puede observar en el siguiente recuadro:

La participación del sector privado no debe entenderse como la liberación de la responsabilidad del gobierno de asegurar la prestación de los servicios a la población. Esta alternativa debe significar únicamente, contar con una opción que asegura una reducción del nivel de inversión de recursos públicos escasos y al mismo tiempo un incremento en la calidad y cobertura de los servicios, en la misma medida en que lo sustente la posibilidad de mejorar la eficiencia del organismo, incluyendo los aspectos relacionados con la capacidad económica de la comunidad atendida que tendrá que pagar por ellos.

También, se debe tomar en cuenta la participación de los usuarios en las negociaciones de aquellos aspectos que les afectan directamente, ya que su permanencia en los sistemas, transciende los períodos de las administraciones municipales.

La participación de la iniciativa privada en proyectos hidroagrícolas

Huites

l proyecto comprende la realización de una presa de almacenamiento con capacidad de 4,568 millones de m³; una planta hidroeléctrica con capacidad superior a 400 megavatios, la apertura al riego de 70,000 hectáreas de tierras localizadas en los estados de Sinaloa y Sonora y el control de avenidas del Río Fuerte. Su costo total supera los 550 millones de dólares (de 1997).

Por sus características, complejidad, escasez y ausencia de recursos financieros, la construcción de la presa Huites requirió de explorar medios novedosos de financiamiento. Con base en la naturaleza multipropósitos de la obra, en donde la participación de la agricultura, respecto a los beneficios por aumento del producto bruto agrícola es relativamente reducida, el proyecto fue sustentado financieramente en la componente energética, ya que el costo esperado por kilowatt instalado es, por su diseño y envergadura, menor que en otras plantas de similar tamaño y características. Sin afectar al sector eléctrico, éste se comprometió a cubrir la inversión equivalente, con costos financieros y plazos muy favorables, a los que el propio sector eléctrico nunca hubiera podido acceder en otras condiciones. Bajo este compromiso, se obtuvo financiamiento de mercado, por algo más del 70% de la inversión necesaria.

Transferencias de derechos de uso

omo un mecanismo para propiciar que el recurso hidráulico se destine a aquellos usos que ofrezcan los mayores beneficios económicos, la ley en vigor establece la posibilidad de transmitir los derechos amparados por los títulos de concesión y asignación, previa aprobación de la autoridad (CNA) que deberá velar por los intereses de terceros, que pudieran ser afectados por las operaciones de transmisión, cuidando la integridad de los sistemas hidrológicos. La existencia de mercados regulados se posibilita también al interior de los sistemas de riego, con el objeto de propiciar mayor eficiencia en el uso del agua y que los beneficios derivados de esta acción recaigan sobre los propios usuarios.

Mediante acuerdos de carácter general por cuenca, entidad, zona o localidad, la autoridad puede determinar que se efectúen las transmisiones mediante un simple aviso de inscripción en el registro, que se presenta bajo protesta de decir verdad. En caso de falsedad se procede a la revocación o supresión del traspaso y de la concesión.

Los derechos podrán ser transferidos por vía sucesoria o adjudicación judicial. En los reglamentos de veda o reserva se debe establecer cuándo se podrá realizar la transmisión simultánea de los derechos del agua y de los terrenos.

Además de la transmisión de derechos por parte de los titulares de concesión, otro mecanismo de mercado que apoya la ley se refiere a la posibilidad de que, ante la previsible concurrencia de varios interesados, la CNA pueda reservar ciertos volúmenes de agua cuya posterior concesión o asignación se sometería a concurso.

Transferencia de Distritos de Riego a asociaciones de usuarios.

asta 1990 y con obras que había construido, financiado y operado el Gobierno Federal desde 1926, existían 78 distritos de riego. El programa de transferencia de estos distritos a los usuarios, ha sido reconocido como un esfuerzo sin precedentes en los programas de descentralización de los países del tercer mundo. Hasta el presente año se han transferido 2 millones 600 mil hectáreas (el 85% del total de la superficie de los distritos) a 353 mil usuarios organizados en 330 Asociaciones Civiles y ocho Sociedades de Responsabilidad Limitada. A partir de su integración los módulos de riego respectivos se encargan de su operación, administración y conservación.

La transferencia obedece por lo común a la siguiente estrategia:

Cuando los usuarios aceptan entrar a un programa de transferencia, se procede al diagnóstico de la situación de la infraestructura hidráulica, maquinaria y equipo propiedad del Gobierno Federal; se realiza en su caso, la reparación y rehabilitación de los bienes, se determinan e inventarían los bienes que son objeto de la concesión y se formulan las actas administrativas de entrega. Paralelamente se celebran asambleas de promoción y coordinación de los usuarios y se efectúa la constitución legal de la sociedad correspondiente.

Al elaborarse el calendario de la transferencia, se establece el compromiso de elaborar un programa financiero que incluye, con apoyo y asesoría de la CNA, establecer cuotas por servicio de riego que aseguren la correcta conservación de las obras y su eficiente operación (programa de autosuficiencia). Al finalizar la transferencia una vez organizados los usuarios (Figura 2), se otorga la concesión del uso del agua de riego y el permiso para el uso de la infraestructura hidroagrícola. La participación del Gobierno Federal después de la transferencia se limita a operar, conservar y mantener solo las obras de cabeza; apoyar a los usuarios en programas de capacitación y asesoría para uso eficiente del agua, de la infraestructura hidráulica, maquinaria y equipo; establecer y hacer cumplir la normatividad, participar en las asambleas de las asociaciones civiles y coordinarse con los usuarios en la ejecución de los programas de conservación y mantenimiento. A las asociaciones civiles o sociedades constituidas les corresponde efectuar la operación y conservación de la red primaria de distribución, y actuar por cuenta y orden de las asociaciones de usuarios de los módulos de riego.

Figura 2

*El personal integrante de esta estructura es contratado por la Sociedad, no existe relación laboral con CNA .

Mecanismos de regularización de usuarios

e estima que en 1993, el universo de usuarios de aguas nacionales y sus bienes inherentes, era del orden de 300,000 aprovechamientos, agrupados en cuatro tipos de usuarios:

Regulares, que cumplen con los términos establecidos en sus concesiones, permisos o algún otro tipo de autorización, así como con sus obligaciones fiscales.

Irregulares con autorización, que no respetan las condiciones establecidas en la misma, principalmente en cuanto al volumen de extracción y la calidad del agua descargada y/o los que no cumplen con todas o ninguna de sus obligaciones como contribuyentes.

Irregulares sin autorización alguna, que sin embargo cumplen con algunas de sus obligaciones fiscales (como el pago de derechos).

Clandestinos, que no cumplen con ninguna obligación.

 

Para regularizar los aprovechamientos existentes y reconocer los derechos adquiridos, conforme a las disposiciones que estaban vigentes cuando se otorgaron derechos sobre el agua se requiere de una enorme tarea.

Se estableció la prioridad de regularizar a los usuarios que aprovechaban los mayores volúmenes de agua, y mejorar los procedimientos y capacitación de personal para agilizar la atención a los usuarios y la dictaminación, titulación e inscripción de sus derechos.

Registro Público de Derechos de Agua

partir de 1993, derivado de la puesta en vigor de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, se instituye en México el Registro Público de Derechos de Agua (Repda). Este registro administrativo tiene un gran significado en los nuevos criterios de asignación del agua, ya que fortalece la seguridad jurídica de los titulares de concesión de aguas, de terrenos federales, de obras y de otros bienes inherentes contra terceros. Su carácter público proporciona la transparencia necesaria respecto a los actos jurídicos y administrativos realizados en un aprovechamiento determinado. Por otra parte, su flexibilidad administrativa permitirá el cambio o modificación automática de las condiciones originales, establecidas en los títulos y permisos, las que sucedan en la vida de un aprovechamiento u obra, e incluso permiso concedido para descarga de agua residual y en actos de terminación o extinción de los derechos otorgados.

Desde el punto de vista de la teoría económica, este instrumento permitirá cubrir algunos de los requisitos mínimos para el desarrollo de un mercado de derechos de agua, ya que:

Fortalece el derecho de utilización mutuamente excluyente a favor del tenedor o titular, parecido al derecho de propiedad.

Facilita las transacciones, es decir, les da la movilidad necesaria, por la simplificación administrativa.

Proporciona información completa sobre el comportamiento de la demanda de un bien a los compradores y vendedores, quienes observarán las señales del mercado.

 

Bajo ciertos supuestos y regulaciones, el registro podrá apoyar la formación de cierto mercado de derechos de agua y será de gran utilidad dentro de las estrategias de inducción hacia un uso más eficiente del recurso. Los certificados que expide el Registro son medios de prueba de la existencia, titularidad y situación de los títulos y permisos respectivos. Para realizar una transmisión y de acuerdo a la ley, los derechos deben estar inscritos en el Registro.

El Registro está iniciando su instrumentación informática y realiza intensas campañas para que los usuarios acudan voluntariamente a inscribirse; sin duda el Registro, salvo algunos ajustes que posteriormente se recomiendan, constituye adicionalmente una herramienta eficaz de información para la planeación de la asignación adecuada de usos en las cuencas (actualmente existen aproximadamente 80,000 registros, que se estima representan el 23% del total de aprovechamientos existentes).

Descentralización y Federalización del Desarrollo Hidráulico

l Gobierno Federal también ha iniciado un programa de descentralización que beneficia a los estados y municipios en algunas acciones, que tradicionalmente le correspondía ejercer a la federación. Esta transferencia de funciones incluye la aportación de recursos federales que se convienen en acuerdos de coordinación y sus anexos, y para ejercerlos se flexibiliza las autorizaciones del Gobierno Federal, con sujeción a la disponibilidad presupuestal. El programa incluye la transferencia de empleados (técnicos y administrativos) y de infraestructura, equipos y materiales, propiedad de la federación.

Los programas, que en una primera etapa están con posibilidad de ser transferidos, se citan en el siguiente recuadro (en algunos estados ya se han descentralizado algunas acciones):

La Planeación del Sector Hidráulico en México

Planeación Nacional

a planeación de los recursos hidráulicos esta regida por la Ley de Planeación. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, cada administración sexenal elabora un Programa Hidráulico que define políticas (dentro de una "política integral") y establece objetivos y metas.

A partir de 1989 se inició el cambio jurídico e institucional que, con el surgimiento de la Comisión Nacional del Agua, pretendía apoyar el desarrollo de la política hidráulica integral, con base en los siguientes objetivos:

eficiencia en el uso,

consideración de los desequilibrios en la distribución regional,

creación de una "cultura del agua",

reversión de la insuficiencia financiera.

 

 

Planeación regional (por cuencas hidrológicas)

on el objeto de lograr una gestión del agua moderna, ágil y expedita en México, la CNA está en proceso de dividir administrativamente al país en regiones hidrológicas (Mapa 3), y crear consejos de cuenca con la participación de los usuarios en los procesos de planeación.

Mapa 3 Regionalización hidrológica en el país

La creación de esos consejos de cuenca responde, fundamentalmente, a dos factores:

A la política de descentralización del sector, mediante la cual la autoridad federal pretende delegar paulatinamente las funciones operativas y mantener tan sólo las funciones normativas y de regulación.

A la necesidad de que sean los mismos actores los que participen en la toma de decisiones de aquellos aspectos que les afectan directamente.

 

En apoyo a ese proceso, se están diseñando mecanismos para la conformación y operación de 13 consejos de cuenca (actualmente están formados tres, de los cuales uno opera en forma regular).

Los Consejos de Cuenca en México. (experiencia Lerma-Chapala)

e acuerdo con la Ley, los consejos de cuenca son instancias de coordinación y concertación entre diferentes dependencias, entidades y usuarios dentro de una cuenca hidrológica, con objeto de formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración del agua y sus bienes. El impulso a la creación de consejos de cuenca en México se da porque se considera un elemento fundamental en la evolución de las actividades de gestión del agua.

A la fecha hay tres consejos instituidos: Valle de México, Río Bravo y Lerma-Chapala. Este último es el que se considera como proyecto piloto. La región de Lerma Chapala abarca una área de 54,300 km² e incluye parcial o totalmente cinco estados: Guanajuato, Querétaro, México, Michoacán y Jalisco. Dentro de la cuenca se encuentra uno de los lagos de mayor superficie en México, Chapala, cercano a Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país. La precipitación media anual es de 735 mm y el flujo promedio de sus ríos principales, el mayor de los cuales es el Lerma, es de 5.2 millones de metros cúbicos anuales. La cuenca, en la que se encuentran las zonas industriales del Valle de México, Toluca y Lerma, se ha convertido en una de las regiones más industrializadas del país, generando más de un tercio del producto interno bruto del sector. También ocupa el lugar No.3 nacional en términos de contaminación de sus ríos y corrientes. El consejo se creó en 1989, para atender los problema de sobreconcesión y sobrexplotación de los acuíferos y aguas superficiales y la degradación de la calidad del agua del Lago de Chapala; un activo ambiental y recreativo único para la región y para México.

Los mayores logros del consejo de cuenca han sido :

Promover la construcción de 48 plantas de tratamiento nuevas, con capacidad de 1.5 km³; en cuyo financiamiento, construcción y operación participan principalmente concesionarios privados y semiprivados. Hacia el año 2000 se plantea que se concluyan en ese mismo esquema, otras 112 plantas.

En un ejemplo de organización, los propios usuarios decidieron reducir sus extracciones y aceptar una reasignación específica de las aguas del lago. Tales asignaciones se inscribieron en el Registro Público de Derechos del Agua.

Se organizó con éxito, la venta de derechos para uso de aguas subterráneas entre un grupo de agricultores y la ciudad de Querétaro. Lo destacable de ello es que la reasignación del agua a la ciudad no incrementó sensiblemente los niveles de bombeo de la propia localidad, pero sí se redujeron significativamente los bombeos agrícolas.

Se reestructuró el sistema de precio del agua en la cuenca, con tan buenos resultados que esta región ahora genera aproximadamente el 50% de la recaudación nacional de derechos de uso.

Se mejoró en un 45 % la calidad del lago de Chapala; el lirio acuático casi ha desaparecido y el lago en general observa una mejor calidad, así como una recuperación de sus niveles.

 

 

Sistemas de Información SIGA Y SISEFA

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

l Instituto fue creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 1986 sustituyendo a la Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH) que, a su vez, fue creada en 1976.

.

Gráfica 5

Miles de millones de pesos (1996)

La necesidad de actualizar la tecnología y de mejorar la preparación de los técnicos y profesionales de la hidráulica, motivó que en 1986, aprovechando la experiencia del personal de la CPNH, naciera el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Como resultado de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el IMTA pasó a ser uno de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el 29 de diciembre de 1994.

Objetivos de política

Los objetivos actuales del IMTA se establecieron en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, y con los Programas Hidráulicos y de Ciencia y Tecnología 1995-2000; sus funciones se definen en el Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Con ellas, se asume el propósito de propiciar un manejo más eficiente del agua, que contribuya a un desarrollo económico orientado a mejorar el bienestar social e incrementar la productividad nacional desde una perspectiva de sustentabilidad.

Misión

Realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.

Evaluación económica

Los proyectos realizados en el IMTA constituyen un aporte importante en los beneficios derivados a la sociedad. La evaluación potencial de algunos resultados relevantes permite asegurar la utilidad del Instituto en materia de investigación y desarrollo tecnológico del sector hidráulico y en general de desarrollo económico, regional y nacional.

Una estimación cuantitativa conservadora del total de beneficios máximos potenciales, por la aplicación de las recomendaciones derivadas de algunas líneas de investigación desarrolladas en el Instituto, arrojan relaciones beneficio-costo sorprendentes (gráfica 5).

El Instituto ha ejercido, en el periodo comprendido de 1986 a 1996, un presupuesto total de 386 millones de dólares (a precios de diciembre de 1996), lo que demuestra que sin representar un desembolso importante de recursos para el erario federal, el IMTA contribuye de manera significativa al desarrollo sustentable del sector y beneficia de forma importante y tangible a la sociedad mexicana.

Cabe destacar que el presupuesto que en 1997 le fue asignado al IMTA representa el 1.29% del asignado a la CNA y el 0.89% del asignado a la Semarnap.

Evaluación y perspectivas del sector

as acciones normativas, de planeación administrativa, de incentivos económicos; de participación privada y social; la modernización del manejo del agua; la gestión y desarrollo institucional; la investigación y el desarrollo tecnológico del agua como bien económico escaso e irregularmente disponible, de alto costo en las acciones requeridas para su aprovechamiento y preservación; la formación de mercados y precios, el desarrollo de sistemas de información, cuantificación y evaluación de fuentes; y otras acciones y políticas, han sido intensas en las dos últimas décadas en México y constituyen avances importantes. A continuación se mencionan los principales resultados:

Las reformas jurídicas e institucionales que propician la planeación y el manejo del agua por cuencas con participación de los usuarios y gobiernos locales a través de consejos de cuenca.

 

Obtención de mayores recursos financieros provenientes del mismo sector por cobro de derechos por uso, aprovechamiento y descarga de agua residual; recuperación de inversiones de obras públicas; mayor recaudación y autonomía administrativa de organismos municipales y paramunicipales de prestación de servicios de agua potable, y saneamiento; mayor control de los servicios por parte de los usuarios de distritos de riego en obras construidas por la federación y entregadas a los propios usuarios; avance en una mayor participación privada en el financiamiento y operación de las obras y servicios.

 

Avance en los procedimientos administrativos para simplificar el trámite y otorgamiento de títulos y permisos; fortalecimiento de derechos a través del Registro Público.

 

Autonomía en el control de sistemas de agua potable.

 

Desarrollo tecnológico de vanguardia en el Instituto Nacional de Tecnología y en algunas universidades.

 

Estos y otros avances descritos con algún detalle en el documento, todavía no son suficientes; falta mucho por hacer para atacar la problemática. Dicha problemática se ha descrito brevemente en líneas anteriores.

El desarrollo para alcanzar las tasas de crecimiento económico sustentable que requiere el país, y también el desarrollo sustentable de la oferta en cantidad y calidad del recurso y de los servicios que pueda hacer frente a esa problemática es el reto actual de los mexicanos.

En adelante, se requieren avances más rápidos y, probablemente, financiamientos más costosos para solventar los problemas existentes, pero muchos de estos costos -yo diría la mayoría- pueden y deben internalizarse en los costos de producción de bienes y servicios; implícitamente, generando ahorros y eficiencias, y explícitamente mediante el avance de un sistema financiero del agua adecuado.

Para esto se requiere de voluntad y decisión política de las instancias responsables; a manera de listado más de tipo enunciativo que limitativo se proponen las siguientes acciones respecto a las políticas y gestión del agua en México que pudieran ser de interés para discusión:

Instrumentación de una política integral de precios (desde las acciones de captación, potabilización, distribución, consumo, manejo, desalojo, tratamiento y descarga de efluentes, etc.), con criterios de autosuficiencia financiera, pero considerando capacidad real de pago de los usuarios.

 

Evitar evasiones y fugas de pago por tarifas e ingresos, implementando técnicas de fiscalización y vigilancia de usos y usuarios, y de los propios encargados de su elaboración y aplicación; instrumentar procedimientos transparentes de facturación, cobranza y recaudación.

 

Aplicar los esquemas necesarios (contribuciones de mejoras) para lograr una mayor recuperación del capital invertido en obras hidráulicas, en forma equitativa a los beneficios obtenidos.

 

Estudiar, adecuar e implementar instrumentos constitutivos de fondos regionales, por aplicación de políticas tarifarias y obtención de apoyos y financiamientos para que, en forma planeada y programada, se asigne espacialmente el gasto hidráulico. "Lo del agua al agua" y, mejor aún, "lo del agua de la región, al agua de la región" para que el usuario del agua local eleve su conciencia y fortalezca la cultura del recurso, al sentir mayor participación, en uno y otro sentido, en la solución de los problemas de los mismos sistemas de los que se sirve.

 

Buscar la manera de establecer reglas claras para la participación de la iniciativa privada y de los usuarios en el financiamiento de la construcción y operación de obras y servicios; modificar la legislación que impide el desarrollo de los sistemas, especialmente respecto al financiamiento y autonomía de los mismos, ya sean públicos o privados. Respetar las condiciones de los contratos y concesiones, especialmente por que trascienden a los intereses políticos de las administraciones municipales. Buscar un mayor nivel de confianza para impulsar esta participación, pero también mantener los controles adecuados, para que las empresas de servicios de agua, por ser generalmente monopolios naturales, no caigan en abusos hacia los usuarios.

 

Fortalecer la transferencia de distritos de riego a usuarios conllevando programas estructurados de capacitación; incentivos adecuados (precios, estímulos, premios etc.) como medios para evitar sobreconsumo, desperdicio y contaminación.

 

Hay que avanzar en la instrumentación de acciones, apoyadas por la ingeniería financiera, tales como revaloraciones permanentes de activos, emisión de bonos y acciones transferibles colocados en mercados, con valor expresado en los patrimonios, con carácter de "preferentes" a los propios usuarios (para que sean virtualmente sus propietarios); creación de organismos financieros como fideicomisos regionales del agua, que apoyen el manejo integral de cuencas, buscando los mayores beneficios sociales y coberturas de obras y servicios; acciones de saneamiento básico, desalojo y tratamiento de agua residual en las poblaciones; inversión en infraestructura para la producción de alimentos; financiamiento de obras de cabeza y otras obras para atacar problemas de escasez extrema y de inundaciones.

 

Definición efectiva, coordinada e integral de los consejos de cuenca y gerencias regionales, en las que se definan y acuerden en consenso líneas de acción de manera autónoma y fortalecida. Lo anterior, auxiliándose de información georeferenciada de oferta, demanda y socioeconómica, que les facilite, en esquemas descentralizados y desconcentrados regionales, la toma de decisiones adecuadas y oportunas.

 

Utilizando y fortaleciendo las herramientas administrativas existentes avanzar en el trámite, expedición y vigilancia de las asignaciones y las inscripciones en el Registro Público de Derechos de Agua (el cual debe ser regional y estructuralmente descentralizado)

 

La planeación de las acciones del manejo del agua debe dar prioridades para la satisfacción de las necesidades básicas de la población que incluye la producción de alimentos básicos, el saneamiento ambiental y la distribución equitativa de mínimos de bienestar, especialmente hacia regiones o comunidades marginadas social y económicamente.

 

En la planeación de acciones, obras y servicios se debe incluir la obligación de jerarquizar inversiones de obras de mayor beneficio económico y social (cuando sea inversión pública), considerar los costos ambientales (externalidades) y los costos de oportunidad del aprovechamiento más valioso del agua, la instrumentación y apoyo para detección de nuevas fuentes de abastecimiento (reuso y reciclaje); capacitación y formación de recursos humanos, definiendo costos detallados y programados de los programas, definición de estrategias, líneas de acción y formas de financiamiento (usando técnicas prospectivas y otras de planeación económica), evolución institucional, desarrollo regional y esquemas definidos de desarrollo sustentable (auxiliándose con programas operativos anuales consensados por representantes auténticos de cada región o cuenca).

Deben fortalecerse los institutos, centros de investigación y universidades para impulsar la investigación y desarrollo tecnológico. Y así, construir una base técnica de uso eficiente y conservación del agua nacional. Una parte de los recursos recaudados por el sector deben destinarse a estos fines.

 

Respecto a los sistemas de monitoreo, manejo y sistematización de información e instalación de sistemas de telecomunicaciones, se debe aprovechar mejor la infraestructura existente y la que proveerá el Promma, para que de acuerdo a la oferta y demanda regional, se pueda planear el aprovechamiento del agua, establecer políticas de precio, veda y reserva, e instrumentar modelos hidroeconómicos para evaluar los efectos de las políticas de uso eficiente y orientación de usos y usuarios; delimitar zonas para proteger la cantidad y calidad, y el desarrollo prioritario regional.

 

Facilitar la implementación de mercados secundarios de derechos de agua en zonas de alta limitación de disponibilidad.

 

En las acciones de prevención, control de la contaminación y rehabilitación de cuencas y acuíferos, se deben identificar los problemas concretos y cuantificar costos de solución; evaluar las externalidades que producen la contaminación de fuentes de agua, la erosión de suelos, cambios en el ciclo hidrológico y modificaciones climatológicas y en la biodiversidad; evitar la descarga de agua residual sin tratamiento, proveniente de actividades industriales; promover la reubicación, en su caso, de factorías de riesgo; instrumentar acciones de control de agroquímicos y el manejo de agua de retorno agrícola; avanzar en las acciones de saneamiento básico y en la protección de la salud a familias marginadas (principalmente mujeres y niños); instalar clínicas de atención especializada en enfermedades hídricas.

 

Las acciones deben orientarse, principalmente, hacia los aspectos preventivos, imponiendo sanciones por contaminar (en función de la definición adecuada de responsables); fortaleciendo la cultura de que "el que contamina, paga"; elaboración de Normas Oficiales que obedezcan a programas bien planteados y, en su caso, sancionado enérgicamente su incumplimiento y, por el contrario, premiar y estimular el uso eficiente. Debe incluirse siempre la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental, no sólo ex-ante de algún desarrollo u obra, sino durante su operación, vigencia o vida útil.

 

Adicionalmente, se deben promover técnicas eficientes y sin riesgos para la salud por el uso de aguas residuales en la siembra de cultivos, como alternativa para un incremento implícito de la oferta del agua. También se deben fomentar el desarrollo y conservación de zonas de recarga natural y artificial de acuíferos, con técnicas adecuadas.

Por último, se recomienda fortalecer los mecanismos de defensa a usuarios contra terceros y actos injustos de autoridad, como el procedimiento de arbitraje o la creación de tribunales de primera instancia.

Para cumplir estos propósitos y otros que se necesitan, se debe elaborar una agenda especial en la que se establezcan: compromisos, estrategias, plazos, financiamiento, evaluaciones, sanciones, etc., dentro del marco de desarrollo sustentable del agua y el crecimiento económico del país.

Anexo 1: Evolución de la Ley Federal de Derechos en materia de agua

 

1982-1985.- A principios de 1982 entró en vigor el mencionado capítulo de la Ley Federal de Derechos. Del año de 1983 a 1985 este capítulo sufrió algunas reformas, principalmente de forma. En general, las principales características de los derechos de agua durante esos años fueron:

Se establecían cuotas por el uso aprovechamiento del agua en función de la fuente (ya sea superficial o subterránea) y el uso (general, hidro y termoeléctrica, industrial, comercio, servicios, acuacultura y generación de fuerza motriz para servicios propios); se pagaba una cuota determinada a nivel nacional, independientemente del lugar en donde se aprovechara.

Todos los usos que extraían agua subterránea (a excepción de la utilizada en generación eléctrica) debían pagar el 75% de la cuota que se aplicaba en el sistema de agua potable del municipio de la extracción o el más cercano a éste.

 

1986.- Considerando que los costos de aprovechamiento del agua son diferentes en las distintas regiones y localidades del país. y que resultaba necesario promover la eficiencia en el uso del agua y orientar la localización de usos altamente consumidores en zonas de mayor disponibilidad del recurso, se introdujeron para este año de 1986 cuotas diferenciales en función de los balances de disponibilidad de agua (adecuada a límites estatales y municipales). De acuerdo a su disponibilidad, se dividió al país en cuatro zonas: zona 1: escasa, zona 2: equilibrio, zona 3: suficiente, y zona 4: abundante.

Como adición importante también para este año, se incorporan los derechos por servicios administrativos de trámite y expedición de asignaciones, concesiones o permisos para usar o aprovechar aguas nacionales, y para descarga de agua residual y el derecho por suministro de agua en bloque proveniente de obras hidráulicas.

1987.- Durante 1987, prácticamente no hay reformas y sólo se actualizan durante el año las cuotas.

1988.- Un avance para la actualización automática de los derechos, lograda ese año, es la indexación de los montos de las cuotas al incremento de los salarios mínimos, vigentes para el D.F.

Durante ese año también, se introducen nuevos derechos por servicios administrativos y por el servicio de suministro de aguas residuales tratadas para uso industrial.

Por último y como reforma trascendental, se consigue establecer en la Ley que los ingresos que se obtengan por todos los derechos de agua se destinarán a la dependencia administradora para cubrir los gastos de operación, conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica de las entidades federativas en las que se recauden los derechos.

1989.- Con el fin de garantizar un monto del derecho adecuado, cuando en zona 1 (de disponibilidad escasa) se aplica el 75% de una tarifa de agua potable baja, se estableció una cuota mínima a pagar en esas zonas. Se establece la mención de que los ingresos que se recauden por la aplicación de los derechos, se pagarán en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y serán destinados a la construcción, conservación y mantenimiento de las obras hidráulicas.

1990.- Los municipios con acuíferos sobreexplotados se integran a zona 1

Se mantiene la cuota mínima y se incorpora a tratamiento especial otra vez el uso del agua en generación geotérmica, regresándose al criterio de cobrar en todos los conceptos de generación de energía por los kilowatts-hora producidos. (y no por el volumen utilizado).

Una reforma importante que entra en vigor a partir de este año, es que los derechos se actualizarán trimestralmente en relación a los incrementos que tenga el índice nacional de precios al consumidor, con base en información publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.

1991-1994.- Aunque hay modificaciones importantes de 1993 a 1994, éstas obedecen más en los niveles de las cuotas. En 1991 es cuando realmente se observan los ajustes estructurales que conforman la ley vigente, ejemplo de ello es lo siguiente:

Se establece un nuevo derecho que grava la descarga de agua residual, incorporándose en la ley un nuevo Capítulo XIV denominado: "Derecho por uso o aprovechamiento de bienes el dominio publico de la nación como cuerpos receptores de la descarga de aguas residuales", cuyas principales características son las siguientes:

Es aplicable a usuarios que descarguen aguas residuales con concentraciones de contaminantes arriba de las permisibles, medidas en demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (SST), y por m³ descargado.

 

También se establece un derecho específico por descarga de agua residual, aplicable a entidades que presten servicio de agua potable y alcantarillado, diferencial al grado de aportación de la descarga industrial respecto a la aportación total de la descarga.

 

Se determina que los contribuyentes que informen y que demuestren que tienen en proceso la realización del proyecto constructivo o la ejecución de las obras relativas a la calidad de descarga, no pagarán el derecho por un plazo que no se exceda de dos años.

 

Igual que el pago de derechos por uso o aprovechamiento de agua, se exenta de uso agrícola del pago de derechos por descarga de agua residual.

1995.- No se observan cambios sustanciales, sólo se actualizan las cuotas conforme el incremento porcentual del índice nacional de precios al consumidor.

1996.- En este año se presentan modificaciones importantes a la ley; las cuotas de los derechos por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, que desde 1986 eran diferenciales a cuatro zonas de disponibilidad se amplían a nueve zonas. Se elimina la referencia de aplicar en la zona 1 el 75% de la tarifa vigente en el sistema de agua potable más cercano a donde se realice la extracción y se establecen, a cambio, cuotas específicas a cada zona. Adicionalmente, se exenta del pago de esos derechos a usos municipales para consumo doméstico en poblaciones rurales.

Respecto a los derechos por descarga o infiltración de aguas residuales que puedan contaminar las corrientes, el subsuelo o los acuíferos, se observan también cambios relevantes, al diferenciar las cuotas en función de la clasificación de cuerpos receptores. Se establecen cuotas diferenciales también a la concentración de los contaminantes vertidos, considerando en el cálculo la concentración de mayor peso entre la demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos totales. Igualmente se exenta del pago de estas cuotas a organismos que presten servicios de agua potable y alcantarillado a poblaciones rurales.

1997.- Salvo los incrementos nominales a las tarifas, para 1997 no se registran cambios importantes en las cuotas por uso y aprovechamiento de agua. Sin embargo, sí hay modificaciones trascendentales a los derechos de descarga. En el diagrama siguiente se ilustran algunos elementos relevantes de esos cambios que conforman la Ley vigente para 1997

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Fuente: Ley Federal de Derechos

Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 1997

 

Referencias

Anteproyecto de acuerdo de coordinación para realizar un programa de coordinación especial que permita impulsar un nuevo federalismo para fortalecer el Estado y los Municipios, Ejecutivo Federal, México, 1996.

Aspectos tarifarios de los derechos por servicio de agua potable, Grupo para el Estudio de los Derechos del Agua, México, 1991.

Bases para la aplicación y establecimiento de las cuotas y tarifas federales de agua,

Eduardo Donath, Gustavo Ortiz, IMTA, México, 1994

Comisión Nacional del Agua

Informe 1989-1993, México

Convención de 1906 y el Tratado de Límites y Aguas de 1944.

Curso-taller : Ley Estatal de Agua,

Luis A. Mendoza, Gustavo Ortiz, Cesar Calderón, IMTA, México, 1996.

Diagnóstico de las acciones de saneamiento a nivel nacional. Comisión Nacional del Agua, México, 1994

Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 1995.

Decreto mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realicen actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario y acuícola.

Decreto mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones al Distrito Federal, estados y municipios usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

Decreto mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a actividades industriales y a usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

 

Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 1996:

Decreto que reforma el diverso publicado el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realicen actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario y acuícola.

Decreto que reforma el diverso publicado el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones al Distrito Federal, estados y municipios usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

Decreto que reforma el diverso publicado el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios.

 

Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 1997.

Procedimiento obligatorio para el muestreo de descargas.

 

Efectos de la participación de la iniciativa privada en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Juan Carlos Valencia Vargas, México, 1996

Lineamientos generales de un régimen fiscal del agua; Carlos A. Isoard, Alfonso Olaiz, Gustavo Ortiz, Alfredo Quiroga, México, 1978.

Esquema para el funcionamiento del Repda, Álvaro Aldama, Luis León, Gustavo Ortiz, IMTA, México, 1993.

Estadísticas del medio ambiente, Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, México, 1994

Impacto de la regulación y precio del agua en la selección, sustitución y modificaciones de los bienes productivos del sector, Javier Aparicio, Hilda Guerrero, Gustavo Ortiz, IMTA, México, 1992.

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La capacitación en el proceso de transferencia de los distritos de riego a los usuarios en México, Israel Velasco, José A. Guillén, IMTA, México.

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Ley de Aguas de Propiedad Nacional y su reglamento.

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